Ecuador vive un duro conflicto
político, producto de la provocación de la Derecha para desestabilizar al Gobierno. Pero tampoco
podemos desconocer que sectores populares, organizaciones sindicales,
indígenas y ecologistas se vienen
movilizando desde hace más de un año en contra la implementación de proyectos
de carácter ambiental y extractivista en la mega minería.
Recordemos que el presidente
Rafael Correa, llegó al poder en el 2006 con un programa de cambios
profundos representando a la Revolución Ciudadana, fundamentalmente
para superar a la seguidilla de gobiernos populistas y corruptos, lo cual
concitó un amplio apoyo popular y social.
Uno de los máximos logros del
gobierno de Correa ha sido, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución, que se reconoce
como modelo de democracia y participación ciudadana. Sin embargo en estos diez años de gobierno no
todo ha sido fácil. A partir de la aprobación de la Constitución en 2088, sectores más ligados a la izquierda han tomado como bandera la intangibilidad del texto constitucional, dado
que hasta la fecha ha tenido varias
modificaciones, para adecuarlas a las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Entre
las normativas más discutidas destacan la Ley de Aguas, la Ley de minas, la Ley
Galápagos y la Ley de Justicia Laboral, junto con aprensiones respecto a las
políticas hegemónicas culturales, como el cierre de las escuelas
interculturales bilingües y la explotación del parque nacional Yasuní, frente a
las cuales el Gobierno ha tenido poco
dialogo con el mundo social, lo que en parte ha debilitado su gestión.
Pero en las últimas semanas, la presentación del proyecto de Ley de Herencias y Plusvalía, desencadenó una ola de protestas encabezadas
por una alicaída derecha liderada por
Jaime Nebot Alcalde de Guayaquil, que ha
logrado arrastrar a sectores medios. Frente
a las masivas protestas de la derecha en Guayaquil, Quito y otras ciudades, el
gobierno suspendió temporalmente la discusión del controvertido proyecto de Ley y llamó a un “Diálogo
Nacional”.
No cabe duda que las marchas y
movilizaciones en contra del Gobierno, acompañadas con los gritos de "¡Fuera Correa!" y
"¡No más impuestos!" no respondían a un clamor popular espontáneo,
sino que a un plan orquestado desde la oposición, que si bien, toman como pretexto el citado proyecto de
ley, sus objetivos políticos de desestabilizar al Gobierno constitucional, son
evidentes.
¿Pero cuál es el trasfondo de
este conflicto político? La beligerancia
estalla con la decisión de Rafael Correa
de enviar a la Asamblea Nacional, el 5 de junio pasado, el proyecto de Ley
Orgánica para la Redistribución de la Riqueza (Ley de Herencias) situación que
provocó el inmediato descontento del sector más acaudalado de la sociedad
ecuatoriana. La realidad demuestra que el
2% de las familias ecuatorianas concentran el 90% de las grandes empresas del
país. “Se evidenció la concentración de la propiedad” manifestó Corea. “Eso es malo, es una de las fuentes de
inequidad en Ecuador y en el mundo”, el
impuesto de herencia es solamente “para
los grandes conglomerados que generan dinastías”, explicó el Presidente.
Según Juan Manuel Krag,
columnista de Actualidad RT, “para los herederos directos -hijos, nietos,
padres o abuelos- la nueva legislación prevé una tasa marginal de hasta el
47,5% que se aplicará sólo al 1% más pudiente, con esa tasa marginal los herederos jamás pierden el control
accionario sobre las empresas de sus padres, por lo cual se
manifiesta que es falso argumentar
que se quiere acabar con las empresas familiares”, como se acusa desde la derecha.
Más allá de la discusión técnica sobre
la Ley de Herencia, lo importante
es comprobar si con las medidas que
contiene el proyecto, es posible sustentar y ampliar los programas sociales, circunstancia que es inviable sin que exista
una redistribución de recursos. La
derecha ecuatoriana argumenta que no se deben aumentar los impuestos a los
que más tienen, sino que incluso
favorece reducirlos, razones equivalentes
a las propuestas de la derecha en Argentina, Brasil o Chile, quienes se niegan a tocar bajo ningún concepto los grandes intereses empresariales. El Gobierno de Ecuador, propone una solución realista, que le permita continuar su política social comprendida
en el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017, que indica que los que más tienen, aporten más, apuntando a una redistribución garantizada por la propia
Constitución del país. El debate lo conocemos en profundidad en Chile, con el
proyecto de Reforma Tributaria.
Este y no otro es el meollo del conflicto
provocado por la oligarquía, frente al cual Rafael Correa,
desafió a Nebot para que se
presente a las elecciones presidenciales del 2017. "Si cree que tiene la
mayoría, preséntese en el 2017, yo me presento y lo derrotaré incluso en
Guayaquil", aseguró el Presidente.
El mandatario ecuatoriano ha
rechazado los planes desestabilizadores que se han registrado en las últimas
semanas en el país, incluso dejando
entrever que existiría un Golpe de
Estado en marcha. El Presidente Rafael Correa ha llamado al pueblo ecuatoriano
a defender el proceso democrático, y ha convocado al pueblo a construir un país más justo… “Aquí nadie se me
cansa compañeros, más firmes que nunca para defender y respaldar a nuestra
revolución", ha expresado el Presidente.
Ronald Wilson
http://www.elsiglo.cl/web/index.php/2015-04-16-16-40-04/309-ecuador-y-el-asalto-de-la-derecha
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