“La historia de América
Latina es la historia del despojo de los recursos naturales”.
Eduardo Galeano.
Doscientos intelectuales,
artistas, académicos latinoamericanos y norteamericanos, encabezados por
el prestigioso filósofo Noam Chomsky, han
enviado recientemente una carta al presidente peruano, Ollanta Humala, protestando
por la declaración de estado de emergencia en la Provincia de Islay en el
Departamento de Arequipa, provocado por los graves disturbios a causa de la
instalación del proyecto minero Tía María. Varias provincias del Perú, incluida
Lima, han sido escenario de fuertes enfrentamientos con la policía con miles de
personas en las calles. De acuerdo con
los informes, cuatro personas han muerto en los disturbios y se han contabilizado más de 200 heridos.
La carta a Humala, finaliza con un
dramático llamado…,”los abajo firmantes le pedimos firme y respetuosamente que
tome este conflicto como una oportunidad para dar inicio a un amplio diálogo y
consulta democrática y participativa sobre estrategias de desarrollo
alternativas a la minería de tajo abierto y al extractivismo exportador….que a
veces se imponen como las únicas vías posibles de desarrollo económico para el
país, olvidando el carácter volátil y fluctuante de su demanda, así como el
derecho a la tierra y al agua de los miles de peruanos y peruanas afincadas en
las regiones donde se ubican los yacimientos mineros. El cobre y el oro pueden
hacer ricos a algunos y dar una sensación de bienestar momentánea mientras dure
la demanda externa. Pero sin agua y agricultura todos perecemos”. (RT Noticias/TeleSur)
Los campesinos y pobladores de la
zona argumentan que las operaciones a tajo abierto del proyecto Tía María
afectarán su producción agrícola, devastarán los cursos de agua y destruirá el frágil ecosistema de la
región, por lo cual solicitan la revisión de los estudios de impacto ambiental
y de no ser así, el cierre del proyecto.
Sin embargo, el problema de fondo
de los mega proyectos mineros, no se refiere al hecho puntual de lo que sucede
en el Perú, si no que se vincula a un modelo de desarrollo neoliberal impuesto
en América Latina, que es aplicado incluso por gobiernos de tendencias progresistas
de la región. El modelo extractivista
minero, ha entregado en propiedad o en concesión el subsuelo de nuestros países
a grandes empresas transnacionales que imponen un sistema de producción
intensivo, con altas tasas de ganancias y mínimos retornos impositivos o royalties para los respectivos países. Es
una política común establecida por gigantes como Southern Perú Copper Corp., Alturas Mineral Corp.,
en Perú; Corrientes Resouces Inc., Copper
Mesa Mining, y Euro Pacific Canadá, en Ecuador; la BHP Billignton, Anglo
American, Barrig Gold, Antofagasta Minerals, en Chile.
Tal como lo recoge un estudio
realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, el tema dice relación con la validación de un marco
permisivo para la inversión extranjera en el sector minero, en el cual el
gobierno apuesta por la gran minería como una actividad estratégica para el
modelo económico. La postura del gobierno ecuatoriano se basa en la alta
demanda mundial de todo tipo de minerales, lo que ha provocado un incremento
notable de los precios de los minerales en el mercado mundial. Sin embargo,
esta decisión, no toma en cuenta los costos sociales y ambientales del
extractivismo minero a gran escala. Lo que se busca es garantizar altos
ingresos para las arcas fiscales que permitan financiar programas de obras
públicas e inversión social. Sin embargo, esta actividad minera abrirá el
subsuelo ecuatoriano a las grandes transnacionales mineras, como sucede ya en otros
países del Sur, incluidos Perú y Chile. (La Minería a Gran Escala en Ecuador. William
Sacher y Alberto Acosta, Fundación Rosa Luxemburgo).
En Chile la situación es conocida.
Según la Fundación Terram,…”se configura un cuadro bastante complejo: numerosos
proyectos mineros, gran cantidad de termoeléctricas y poca disponibilidad de
agua, todo esto parece ser desfavorable para el desarrollo de la minería
nacional, considerando que estas regiones concentran 70% de la producción
minera y el 66% de la inversión proyectada del sector…” Además es importante considerar que las
regiones mineras existen un valioso ecosistema y economías locales que se ven
directamente afectadas por la actividad minera y los enclaves industriales.
Como hemos visto en los tres
países citados, Ecuador, Perú y Chile, uno de los impactos más graves de la minería se produce al no
haber regulaciones estrictas sobre la dilapidación del recurso hídrico,
situación nociva que genera diversas
zonas de sacrificio socio-ambiental, en los sitios de enclave de las
actividades extractivas. Si bien es cierto que la actividad minera es altamente
rentable, es a la vez, enormemente destructiva del medioambiente natural y
social. El modelo de desarrollo “extractivista” que ha imperado en nuestros
países es urgente modificarlo, imponiendo marcos regulatorios estrictos, que
tengan como base la sostenibilidad del sistema, el respeto a los derechos de
las personas, el fomento de las economías locales y el resguardo a los
ecosistemas, asegurando el derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminación.
Frente a esto, organizaciones
ambientalistas y de promoción de un desarrollo sostenible plantean que antes de
dar en concesión minera un área se debería medir si los beneficios de esa
actividad son superiores a los costos potenciales de carácter social, cultural,
sanitario y ambiental que ésta pueda significar, y si dichos beneficios pueden
ser distribuidos equitativamente. En Chile es imprescindible que la Nueva
Constitución, reconozca, asegure y garantice ampliamente los derechos
medioambientales y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Ronald Wilson
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