DINERO, PODER Y POLÍTICA. RESPUESTAS A UN DILEMA

“Los que estamos en la política, en los negocios, en el Gobierno, estamos en deuda con Chile”…”Hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones políticas y económicas”….”Soy la primera en hacer este reconocimiento. Asumo mi rol en el proceso de renovación que nos llevará a construir una democracia transparente (…) Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios. Pensamos erradamente que nuestras leyes podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia y no siempre supimos condenar con fuerza los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido”. Estas son las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet al recibir el Informe de “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”.

El informe final del consejo, nos platea en cuatro capítulos una serie de propuestas que se refieren a los objetivos establecidos para el Consejo, que fue proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para logar el eficaz control del tráfico de influencias, prevención de la corrupción y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre éstos.

Los escándalos de PENTA, SQM Y CAVAL que han remecido la realidad política nacional, no son más que anécdotas, que demuestran un hecho de proporciones abrumadoras, como es la relación impropia entre Dinero, Poder y Política, que en el caso chileno, marca de forma indeleble  nuestra Transición a la Democracia.

Esta Transición pactada, con una democracia protegida, una  justicia en la medida de lo posible,  una  política de  los acuerdos, una desmovilización y atomización de los movimientos sociales, una limitación de la participación ciudadana, un rol subordinado de los gremios y sindicatos, con el fin de producir un clima de paz social,  tiene como contrapartida una creciente influencia y preponderancia del poder empresarial  representado por poderosos grupos económicos, que se conciben como un factor fundamental del modelo y actores relevantes de nuestra democracia, llamados a  generar el necesario desarrollo y crecimiento que Chile requiere.

Los gobiernos de la Concertación se convierten así en administradores eficientes de un modelo heredado de la Dictadura, que si bien logra avances muy transcendentales en la disminución de los índices de pobreza e indigencia, a través de la implementación de políticas sociales, sin embargo fracasa en las metas de producir sustantivos cambios políticos democratizadores y de disminuir la brecha escandalosa en la distribución de la riqueza, convirtiendo al país en uno de los más desiguales de la región.

En este contexto, con una inmensa acumulación de riquezas en manos de los grandes grupos económicos que se consideran inviolables, y con sistema asociativo  constreñido, el capital termina por convertirse inevitablemente en poder político, capaz de infiltrar sin disimulos toda la actividad política, los partidos, la institucionalidad. En suma, el poder del dinero dispuesto a supeditar la Democracia a sus propios intereses.

Tal como lo dice el ex Canciller argentino Dante Caputo, “la concentración del dinero produce la concentración del poder. No se trata del dinero en abstracto, sino de los intereses que representa el dinero. Esos intereses pueden y a menudo logran pesar más que la voluntad popular”….”El riesgo de que las democracias sirvan sólo a quienes concentran el dinero, y no al interés general representa una amenaza sobre la construcción permanente de legitimidad”  (Caputo, Orlando, “Política, Dinero y Poder, Un dilema para las democracias de las Américas”, 2011, OEA, Fondo de Cultura Económica. FCE.)

A propósito de los casos de Penta y SQM, en opinión del economista Hugo Fazio, Director de CENDA…”Las denuncias permiten entrar a las estrechas relaciones existentes entre no pocos actores del gran capital con instancias y personalidades políticas, buscando así incrementar su influencia en la dirección del país. Este es el gran tema a analizar. Más allá de cómo se generaron los recursos en los casos denunciados -que pueden dar lugar o no a ilícitos- o si ellos son ilegales o legales”.

Las consecuencias de todo este vínculo entre dinero, poder y política, ha ocasionado un daño inconmensurable a la democracia, el estrago ocasionado sólo es posible de revertir con más y mejor democracia. A estas alturas no basta simplemente con establecer regulaciones a la relación entre política y dinero, descartar la influencia del mundo de los negocios en la política, no es suficiente con propuestas de políticas públicas de regulación del lobby, de conflictos de interés o de nuevas fórmulas de financiamiento de la política. Lo que Chile requiere con urgencia es abrir los espacios indispensables para que la política sea una actividad colectiva ejercida por una ciudadanía participativa y protagónica.

La deslegitimación de la política, de los partidos, de los dirigentes políticos, de las instituciones es una realidad insoslayable. La Comisión Presidencial, si bien puede dar luces por donde abrir caminos, la solución definitiva para volver a dar legitimidad e integridad a nuestro sistema político, pasa por repensar nuestra democracia sobre bases sólidas que impidan la existencia de poderes fácticos que pongan en jaque a todo el sistema institucional. No es el tiempo de enmiendas sectoriales. La superación de la crisis de credibilidad y legitimidad pasa por actuar mediante actos de coraje máximos de parte de nuestra elite dirigente para que en conjunto con la ciudadanía, arbitren las medidas necesarias para erradicar la influencia indebida entre Dinero, Poder y Política, que claramente es un factor de debilitamiento de nuestra Democracia. De allí que hoy las miradas de la ciudadanía están puestas en una posibilidad que la misma Presidenta abrió, al hablar en días pasados de Proceso Constituyente…y que otras voces hablan sin temor de la necesidad imperiosa de una Asamblea Constituyente.

Al respecto la “Auditoría a la Democracia, más y mejor democracia para un Chile inclusivo”, del PNUD de 2014, menciona que “…un adecuado control del financiamiento electoral persigue prevenir el financiamiento de las campañas y partidos políticos con recursos que provengan de actividades ilícitas, y evitar que las autoridades electas sean capturadas por sus donantes….la regulación en la práctica genera amplios espacios para la transgresión de los principios de transparencia por parte de los donantes a las campañas políticas, a los partidos, y los candidatos, evitando el escrutinio público y generando dudas en torno a la total independencia de los sectores políticos a intereses particulares…”

Ronald Wilson